Apenas tres días y dos reuniones del grupo de trabajo que debe terminar con más de tres años de enfrentamientos en torno a la ley de regadíos del entorno de Doñana (o la regulación de terrenos en la Corona Norte de Huelva, según quien lo diga), han servido para que los responsables de la Junta de Andalucía, los mismos que han aparcado una proposición de ley que amenazaba con terminar ante los tribunales, se abran a la posibilidad de un acuerdo que ven cada vez más posible. Tras el encuentro entre Juanma Moreno y Teresa Ribera, tres consejeros y un secretario de Estado dieron continuidad a las conversaciones.

Ayer, la sede de la Federación Onubense de Empresarios en Huelva acogió la primera de las conversaciones del grupo de trabajo con los agricultores propietarios de los terrenos afectados, así como con parte de las organizaciones sociales y colectivos ecologistas. En concreto, tomaron parte en el mismo, además de empresarios agrícolas de Huelva, agricultores afectados por el Plan de la Corona Norte de Doñana, la Plataforma de Defensa de los Regadíos del Condado y asociaciones ecologistas como WWF, Ecologista en Acción o SEO/Birdlife.

Según reconocieron fuentes del Ejecutivo autonómico consultadas por este periódico, “las reuniones mantenidas entre los equipos de la Junta de Andalucía y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con agricultores, agentes económicos, sociales y ecologistas en Huelva han terminado con la voluntad común de aportar ideas, medidas y proyectos en torno a Doñana”. De la misma manera, quisieron añadir que “los asistentes han valorado positivamente la voluntad de diálogo de ambas administraciones y han mostrado su posición colaborativa para lograr el mejor resultado, es decir, un paquete de medidas para proteger Doñana y su entorno.”.

El primero de los encuentros se prolongó durante más de dos horas y media y en el mismo han estado presente representantes de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, de organizaciones agrarias como UPA y Asaja, así como Freshuelva e Interfresa. Sí que ha trascendido que el ambiente ha sido por momentos “muy tenso” y que desde las administraciones se solicitó tanto a los agricultores como a las organizaciones presentes “tiempo”.

La segunda reunión fue con representantes de organizaciones conservacionistas como WWF, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife, junto a otras como Fundación Savia, Intermon Oxfman o Al-Andalus.Según fuentes conocedoras del contenido del encuentro, éste fue rápidoya que se limitó a que las administraciones les trasladaron el acuerdo alcanzado de retomar el diálogo para afrontar los problemas de Doñana, no sólo el de los regadíos ilegales; además se les pidió que aporten, en el plazo de un mes, sugerencias para la elaboración de un Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible para Doñana.

El responsable de la Oficina Técnica de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, insistía en reiterar “lo positivo que entendemos que para Doñana es que se haya vuelto a la senda del diálogo y esperamos que ese lleve a un consenso que permita al espacio natural afrontar los retos y los desafíos que tienen en estos momentos”. “Hay que empezar a afrontar los problemas de la manera necesaria, seguir pensando que va a haber agua para todos, que podemos seguir haciendo las cosas como hasta ahora solamente nos conducirá a profundizar en el error, acentuar los problemas de los agricultores y del espacio natural”.

Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción, Juan Romero, calificó el encuentro de “positivo” porque “por fin una oportunidad al diálogo, a intentar de buscar soluciones”. “Esperemos que la proposición de Ley que está aparcada, que sea un aparcamiento definitivo que no se vuelva a reactivar, entre otras cosas porque esto nos conduciría a un callejón sin salida; no olvidemos la Unesco, la UE o el deterioro de la marca de Doñana”.

El delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, quien asistió a las reuniones, indicó que “todos” están trabajando en estas reuniones para “intentar buscar soluciones” y ayudar a los agricultores.Fernández-Pacheco aseveró que la Junta “va a escuchar a los colectivos sociales, ecologistas, a todo aquel que tenga algo que aportar”, que “será escuchado de cara a adoptar las mejores soluciones que nos permitan caminar hacia el gran acuerdo que todos deseamos” y expresó su deseo de que “ese clima de concordia y de cooperación se mantenga a lo largo de todo el proceso”. “Las medidas que se han puesto encima de la mesa y por las que se está negociando puede afectar, no solamente a ellos sino al resto de sectores económicos y empresariales que están en la provincia y que dependen precisamente de esas inversiones tan necesarias por parte del Gobierno”.

Las mismas fuentes reconocieron que los encuentros se reanudarán la próxima semana en una conexión telemática entre los representantes de ambas administraciones aunque no se prevé que se propongan medidas concretas de cara a lograr un acuerdo final y definitivo antes del final de este mismo mes.

Por otro lado los pasillos del Parlamento de Andalucía que ayer vivían una sesión de control adelantada un día respecto a lo habitual por la festividad de hoy, se contagiaba de ese ambiente de razonable optimismo. Conscientes de que “no se podrá contentar al cien por cien de los afectados”, los responsables de la iniciativa ven el progreso de los encuentros con un más que razonable optimismo en llegar a un final que contemple una salida al mayor número de casos.

Todo ello a pesar de que, en la sesión de control, el enfrentamiento de los ponentes de la proposición (PP y Vox) con la oposición, no se rebajó ni un tono. En ella, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, respondía a una pregunta de la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, con un diagnóstico en el que “parece que hay sectores y grupos que intentan boicotear el acuerdo”. No obstante, Moreno, inisistió en que el aplazamiento de la aprobación de la proposición de ley no significa una “rectificación”.