El pasado mes de marzo, el presidente de la Junta adelantaba la puesta en funcionamiento del Plan de Infraestructuras Judiciales en Andalucía, con el horizonte de su conclusión en el 2030. Unos días después era el consejero el encargado de presentarlo ante el Consejo de Gobierno. La incógnita desde entonces era la manera en la que el ejecutivo autonómico iba a conseguir los 1.500 millones de euros estimados en un proyecto que supondrá la modernización en los 85 partidos judiciales repartidos por toda Andalucía. Esta semana, José Antonio Nieto se encargó de detallar una de las formas de financiación: conforme se vayan vaciando los inmuebles para ser trasladados a sus nuevos lugares (ciudad de la justicia) se procederá a su venta. El objetivo está en conseguir 185 millones de euros.

Por el momento, son cuatro los bienes inmuebles que se verán afectados por estas ventas. Se trata de los edificios que acogían los centros de internamiento de menores infractores (CIMI) San Francisco de Asís en Torremolinos y San Miguel en Granada; la que fue sede judicial de Marchena en desuso tras la mudanza a un nuevo edificio y el suelo en Hacienda Santa Isabel en Málaga, donde se iba a ubicar el depósito judicial de vehículos pero que fue descartado, ya que se optó por una licitación que actualmente está en fase de resolución. Se han iniciado los expedientes y las correspondientes tasaciones y así se irá haciendo con cada uno de los inmuebles que se liberen.

Según ha podido conocer este periódico de fuentes de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, las sedes que se van a poner a la venta son todas aquellas que sean en propiedad y que vayan a ser sustituidas por nuevas con las inversiones previstas en el Plan de Infraestructuras Judiciales. La Dirección General de Patrimonio es la propietaria de todos los inmuebles de la Junta de Andalucía. Por este motivo se ha negociado que, en la medida de lo posible, los ingresos alcanzados con esas ventas reviertan en la Consejería para su inversión en la renovación de sedes judiciales, o en todo caso se compense de alguna con alguna otra fórmula.

De esta forma, la estimación que ofreció el consejero en el Parlamento es que con esta vía se puedan lograr unos 185 millones de euros, una cantidad que puede oscilar en función de la cifra de venta que se logre en cada momento en función de los precios. El objetivo es que cada sede en propiedad que se quede en desuso por entrada en funcionamiento de un nuevo edificio se pueda poner a la venta. Por tanto, el importe exacto de cada una de ellas dependerá de lo que marque la tasación según los precios en el momento.

El ejemplo de Sevilla puede ser el reflejo de lo que se seguirá en todas las capitales andaluzas. En la capital hispalense, la Junta adquiría la sede de Palmas Altas para ser su nueva Ciudad de la Justicia. Los traslados comenzaron y se prolongarán todavía en el tiempo; cuando finalicen el actual edificio de la Audiencia será vendido y el montante de la operación, servirá para pagar la renovación del resto de las sedes tanto de Sevilla como del resto de Andalucía.

La recaudación conseguida con la venta de inmuebles, será una parte de la renovación de los 85 partidos judiciales que hay en la comunidad y que abarca 156 edificios. Ésta es una de las vías de financiación del plan de infraestructuras, en el que la Administración regional calcula que la inversión rondará los 1.500 millones de euros. Entre los objetivos que persigue el Gobierno andaluz está la reducción a la “mínima expresión” de los contratos de alquiler, pasando de los 96 actuales, con un coste de 17,3 millones de euros, a no más de siete contratos y 1,8 millones para alquiler. Además de los 185 millones de la venta de patrimonio, la Consejería prevé destinar más de 700 millones procedentes de la colaboración público-privada y pública-pública; alrededor de 170 millones de autofinanciada y alrededor de 45 millones de fondos europeos.

El centro de internamiento de menores San Francisco en Torremolinos, también será vendido.

“No nos vamos a esconder detrás de la burocracia. Lo vamos a hacer lo antes posible”, sostuvo el consejero de Justicia en al Cámara andaluza, donde animó a la oposición, especialmente al PSOE, a “sumarse al plan y dejar de estar en las excusas”. El plan prevé completar la red de Ciudades de la Justicia en todas las capitales andaluzas. Así, se pondrán en marcha las de Cádiz, Huelva, Granada, Jaén y Sevilla; dotar a las ciudades de más de 100.000 habitantes de grandes complejos judiciales (Algeciras, Marbella, Roquetas de Mar, Dos Hermanas y Jerez de la Frontera); 34 actuaciones, entre obra nueva y rehabilitación, en las cabeceras de partidos judiciales, así como otras 16 en partidos de municipios más pequeños para mejorar sus instalaciones.

El plan incluye, además de 60 actuaciones entre obra nueva y rehabilitación de sedes, intervenciones de mejora de accesibilidad en los edificios judiciales, así como de sostenibilidad medioambiental, para disponer de inmuebles eficientes energéticamente; igualmente, se van a realizar trabajos para mejorar la asistencia a víctimas vulnerables. Esto va suponer que se actuará en la totalidad de los partidos judiciales andaluces, según lo expuesto por José Antonio Nieto en línea con la presentación de este plan en San Telmo con Juanma Moreno hace dos meses.

En contraposición a estos números, el consejero recordó que en los años de gobierno socialista en la Junta se hicieron doce rehabilitaciones y 22 nuevas sedes judiciales, unos números que llevaron al Ejecutivo de Juanma Moreno, en palabras del consejero, a diseñar el plan de infraestructuras judiciales con el fin de parar el “colapso” al que “irreversiblemente” se encaminaba la justicia andaluza de no tomarse medidas tanto en lo referente a los edificios como en sostenibilidad y digitalización. “Hay que pasar de la justicia del papel a la del dato”, puntualizaba Nieto.