Giro en el caso Tejado. La Fiscalía de Sevilla ha solicitado la libertad bajo fianza de Antonio Tejado, sobrino de María del Monte, y de los otros cinco implicados en el asalto al chalé de la cantante que están privados de libertad desde hace más de tres meses. Según han confirmado a este periódico fuentes del caso, la Fiscalía de Sevilla presentó este lunes un escrito al juez de Instrucción número 16 de Sevilla, en el que ante la nueva petición de libertad planteada por las defensas, pide que se acuerde la excarcelación pero con la imposición de una fianza de 100.000 euros en el caso de Antonio Tejado y del ciudadano ruso Arseny Garibyan, y de 50.000 euros para los otros cuatro implicados por haber participado presuntamente en el robo que tuvo lugar en el chalé de Gines en la madrugada del 25 de agosto de 2023.

Las mismas fuentes han indicado que la Fiscalía considera que, ante esta tercera petición de libertad y después de que los seis investigados llevan más de tres meses de prisión, las circunstancias para mantener la medida de prisión provisional "han cambiado", dado que la instrucción del caso por el robo al chalé está prácticamente acabada, ya que sólo queda por aportar una parte del volcado de los diez teléfonos móviles intervenidos a los sospechosos.

La Fiscalía entiende que la prisión provisional no puede suponer un "cumplimiento anticipado de la pena" que en su día pudiera imponerse a los investigados, por lo que ahora sí que entiende que hay otras medidas menos gravosas para garantizar que las seis personas que actualmente están en la cárcel de Sevilla-I se sometan a juicio. Por todo ello, la Fiscalía ha pedido al juez que los ponga en libertad bajo fianza y, en este sentido, se ha remitido a sus escritos anteriores en los que planteó de manera alternativa la posibilidad de que salieran de prisión abonando fianzas de entre 50.000 y 100.000 euros.

La petición del Ministerio Público supone un giro en el caso, puesto que en las dos ocasiones anteriores la Fiscalía sevillana se había opuesto expresamente a la puesta en libertad, aunque dejaba en manos del juez la decisión de excarcelarlos con la imposición de esas fianzas.

Retirada del pasaporte y prohibición de acercarse a las víctimas

No obstante, ahora sí que ha pedido al juez la libertad, si bien ha solicitado que se establezcan otras medidas para garantizar que no eludirán la acción de la Justicia, como las comparecencias regulares de Antonio Tejado y los otros sospechosos en el juzgado, la retirada del pasaporte y la expresa prohibición de acercarse o comunicarse por cualquier medio con las víctimas, María del Monte e Inmaculada Casal, y las otras tres personas que se hallaban en la vivienda aquella noche, la hija de Inmaculada y su marido, y la empleada del hogar.

Tras la petición de la Fiscalía, queda por saber la postura que adoptará la acusación particular que ejercen María del Monte e Inmaculada Casal, de cuyo resultado puede depender la decisión del juez de Instrucción número 16 de Sevilla. Hasta ahora, el abogado Francisco Baena Bocanegra, que representa a la cantante y a su pareja, se ha opuesto a la posible salida tanto de Antonio Tejado como de los otros cinco presos. La decisión sobre la libertad de Antonio Tejado se conocerá en los próximos días.

Con anterioridad, la acusación particular ya sostuvo que los indicios contra Antonio Tejado no eran meras conjeturas y afirmó que éste no es el "caso del famoso sobrino de una famosa artista", recordando la gravedad de los hechos y de las penas a las que se enfrentan los investigados.

Baena Bocanegra dijo entonces que los indicios que hay contra el familiar de la tonadillera no se basan en "meras hipótesis o conjeturas", como había argumentado la defensa del sobrino, sino que son fruto de la "brillante, minuciosa y precisa investigación criminal llevada a cabo por la Policía Judicial" que sitúa a este familiar como presunto "autor intelectual" del asalto.

La semana pasada el sobrino de María del Monte y los otros cinco investigados que están presos desde el pasado 12 de febrero pidieron la libertad al estimar de un lado que los indicios son insuficientes para mantenerlos en prisión provisional y que, ahora con la instrucción casi finalizada, han desaparecido las circunstancias para mantener esta medida, como es el riesgo de fuga, la destrucción de pruebas o que pueda actuar contra los bienes jurídicos de las víctimas.